La Red INSPIR América Latina y el Caribe por el derecho a la protección social donde se articulan organizaciones sindicales y sociales (de mujeres, juventudes, pueblos originarios indígenas, personas afrodescendientes, trabajadoras del hogar, defensoras de derechos humanos, personas migrantes, trabajadores/as del campo y la ciudad en condiciones de formalidad e informalidad laboral junto con el apoyo de WSM, celebra y saluda el pronunciamiento histórico de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva OC-32/23, hecha pública el pasado 7 de agosto de 2025.

Por primera vez, un órgano judicial internacional reconoce de forma clara y contundente el cuidado como un derecho humano autónomo, compuesto por el derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado, y ordena a los Estados garantizarlo sin discriminación y con enfoque de género, interseccionalidad y corresponsabilidad.

Este pronunciamiento marca un antes y un después en la lucha por los derechos de las personas que históricamente han sostenido la vida: las mujeres, las niñas, y particularmente aquellas que enfrentan múltiples formas de exclusión.

Desde la campaña continental “El cuidado es protección social, derecho y corresponsabilidad”, impulsada por la Red INSPIR, hemos defendido que sin cuidado no hay vida ni democracia, ni justicia social, y que los sistemas de protección social deben ser refundados desde el reconocimiento político, económico y social del trabajo de cuidado, tanto remunerado como no remunerado.

Por lo tanto, demandamos a: 

Los Estados de América Latina y el Caribe

• Incorporar en sus constituciones, normas, políticas públicas, el desarrollo y fortalecimientos de las instituciones públicas y mecanismos de dialogo y participación social sobre el derecho al cuidado como derecho humano universal e interdependiente.

   

• Garantizar sistemas nacionales integrales de cuidados, con financiamiento suficiente, accesibles, gratuitos y de calidad, que protejan a las personas cuidadoras y a quienes reciben cuidado.

   

• Reconocer el trabajo de cuidado como trabajo, garantizando derechos laborales, seguridad social y condiciones dignas para las trabajadoras del hogar y de cuidado.

   

• Avanzar hacia la corresponsabilidad social del cuidado, superando la feminización y privatización histórica de esta tarea.

   

• Diseñar políticas con participación de organizaciones de la sociedad civil (movimientos sociales y sindicales) respetando la diversidad territorial, cultural y étnica.

Al sector privado y empleador:

• Asumir el cuidado como parte de su responsabilidad social y laboral.

   

• Garantizar licencias de maternidad, paternidad adecuadas y universales.

   

• Adoptar medidas de conciliación laboral con enfoque de género

• Reconocer el valor económico del cuidado en sus cadenas de producción y políticas internas.

   

Por lo tanto, los movimientos sociales y sindicales continuaremos con el compromiso de:

• Profundizar la articulación de agendas por el derecho al cuidado con las luchas por la protección social, el trabajo decente, la igualdad de género, la soberanía alimentaria y sanitaria.

   

• Impulsar procesos de formación y movilización popular que visibilicen las demandas por justicia en los cuidados.

   

• Promover el control social y comunitario sobre la implementación de políticas públicas de cuidado.

   

• Integrar en las plataformas reivindicativas el reconocimiento de los cuidados como infraestructura vital para la sostenibilidad de la vida.

   

Esta Opinión Consultiva es una herramienta poderosa para la demanda, la incidencia y la transformación. No es una meta, sino un punto de partida para avanzar en la construcción de una sociedad del cuidado que priorice la vida digna, libre de violencia, discriminación y precariedad.

Desde la Red INSPIR y WSM, reafirmamos nuestro compromiso donde el cuidado sea reconocido, redistribuido, valorado y garantizado como un derecho de todas y todos. 

Llamamos a los Estados, organismos internacionales, empresas y movimientos a asumir esta agenda como una urgencia ética, política y democrática.

 Porque cuidar no es un privilegio ni una carga individual:  es un derecho humano, colectivo y transformador.