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Del 1 al 3 de octubre de 2025 tuvo lugar en Punta Cana la 20.ª Reunión Regional Americana de la OIT, donde delegaciones tripartitas de toda la región debatieron las prioridades para el futuro del trabajo decente y la justicia social. La Declaración aprobada en ese encuentro reafirma el compromiso con una región más democrática, solidaria e inclusiva.
Desde la Red INSP!R América Latina y el Caribe, articulada por organizaciones sociales y sindicales de la región con el apoyo de WSM, vemos en ese documento una oportunidad estratégica para fortalecer nuestras agendas comunes. En él se recogen debates esenciales que ya venimos impulsando: la conexión entre justicia social y democracia, la urgencia de transitar hacia empleos con derechos, y la necesidad de articular políticas integrales que atiendan las múltiples dimensiones del mundo del trabajo en transformación.
La Organización Internacional del Trabajo, con su modelo tripartito, constituye un espacio único de diálogo institucionalizado para construir consensos, prevenir conflictos y diseñar normas con legitimidad social. En las Américas, la OIT ha enfatizado que avanzar sobre los sistemas integrales de protección social, fortalecer las instituciones de diálogo social y acompañar la formalización son tareas que requieren voluntad política, diálogo permanente y herramientas de apoyo técnico. En ese sentido, la Conferencia Regional de la OIT se convierte en un faro, pues define orientaciones regionales que pueden guiar las políticas y las agendas de incidencia de las organizaciones sociales con el acompañamiento y asistencia técnica a través de sus oficinas en la Región.
Para las organizaciones sindicales y sociales que se articulan en la Red INSP!R por el derecho a la protección social, estos tres ejes que se mencionan entre otros en la Declaración merecen especial atención y traducción práctica:
- Fortalecimiento institucional para un diálogo social institucionalizado
El documento reconoce que los debates no pueden ser ocasionales ni sólo reactivos: urge consolidar espacios permanentes, con reglas claras, transversalidad y capacidad real de incidencia. Solo así el diálogo social puede convertirse en pieza estructural de políticas laborales, económicas y sociales.
- Transición de la informalidad a la formalidad
La Declaración retoma la urgencia de diseñar políticas que faciliten el tránsito de la economía informal hacia estructuras laborales con derechos, protecciones y acceso a mecanismos de seguridad social. Esto implica incentivos, marco regulatorio progresivo, apoyo a micro y pequeñas unidades productivas y un enfoque de género y juventud para que nadie quede excluido.
- Protección social universal mediante sistemas integrales
Se reafirma el objetivo de construir sistemas de protección social que no queden fragmentados ni excluyentes, sino que cubran integralmente riesgos como enfermedad, desempleo, vejez, maternidad y cuidados. Esta visión resuena con el enfoque de “piso de protección social” promovido en los instrumentos de la OIT.
La Declaración de Punta Cana puede y debe servirnos como herramienta de incidencia y trabajo propositivo. Pero para ello, necesitamos:
Armonizar nuestras propuestas con esos pilares estratégicos
Participar activamente en foros nacionales y regionales para promover los compromisos adoptados
Compartir experiencias entre organizaciones que se articulan en la Red INSP!R y otras.
Exigir a los gobiernos el cumplimiento progresivo de estas orientaciones
Hoy más que nunca, hacemos un llamado para asumir este momento con responsabilidad, compromiso y ambición. Que la Declaración de Punta Cana no quede en palabras, sino que se convierta en un instrumento vivo, un motor para contribuir con fuerza a la democracia, la seguridad social, el trabajo decente y la justicia social de nuestra región.
