Experiencia compartida por la Alliance of Health Workers Philippines, socia de WSM y de la red INSPIR.
El sistema de salud filipino se encuentra en una encrucijada crítica. Durante décadas, la salud pública ha estado infrafinanciada, con falta de personal y relegada en los presupuestos gubernamentales, mientras que los servicios comercializados y privatizados han ido configurando cada vez más el panorama sanitario. ¿Qué significa esto para las mujeres, como pacientes, cuidadoras y trabajadoras de la salud? Esto pone de manifiesto un sistema que profundiza las desigualdades existentes, erosiona el acceso a la atención y explota a las trabajadoras y los trabajadores de la salud, cuya función esencial para la sociedad quedó demostrada durante la pandemia de la COVID-19.
El sistema público de salud en Filipinas es predominantemente curativo y no preventivo, con un énfasis en una atención centrada en el médico que descuida los roles esenciales de las enfermeras, las parteras y las y los agentes de salud comunitarios. Los servicios se concentran en los centros urbanos, dejando a las poblaciones rurales (donde sabemos que la pobreza suele ser más profunda) sin un acceso suficiente a instalaciones o a profesionales de la salud.
Los medicamentos son prohibitivamente caros, lo que refleja un sector de la salud tratado como un negocio y no como un derecho. En 2022, el alto costo de los medicamentos fue la principal barrera para acceder al tratamiento. Los hogares de los grupos de ingresos más bajos, que constituyen la mayoría de la población (¡59 %!), tienen muchas menos posibilidades de adquirir los medicamentos necesarios, lo que perpetúa los ciclos de enfermedad y pobreza.
Al mismo tiempo, los presupuestos públicos de salud siguen reduciéndose. En 2023, el gobierno recortó el presupuesto de salud en 25,8 mil millones de pesos filipinos (453 millones de dólares estadounidenses), incluso cuando se destinaron miles de millones a proyectos clientelistas (“pork barrel”), fondos confidenciales y grandes infraestructuras. Los hospitales públicos continúan estando infrafinanciados y gravemente faltos de personal, lo que obliga a las y los pacientes a depender de servicios privados costosos.
La privatización también ha adoptado formas más sutiles: en lugar de vender hospitales enteros, el gobierno ha permitido que empresas privadas gestionen la maquinaria hospitalaria y servicios clave, lo que les permite cobrar tarifas exorbitantes que generan ganancias para las corporaciones mientras excluyen a las personas pobres. Los sistemas de seguros, dominados por proveedores privados, imponen ahora una “triple carga” a las familias: el pago de impuestos, primas y costos hospitalarios adicionales, además de una cobertura mínima de PhilHealth, el programa nacional de seguro de salud.
Para las mujeres como pacientes, la mercantilización se traduce en una cobertura de seguro limitada o inexistente. Tienen un acceso restringido a los servicios de salud materna y reproductiva, así como un apoyo insuficiente en salud mental. Muchas se ven obligadas a trabajar a pesar de estar enfermas para cuidar de sus familias, debido a la falta de licencias por enfermedad remuneradas. El estrés y la ansiedad constantes de tener que desenvolverse en un sistema de salud inaccesible y costoso pesan fuertemente sobre las mujeres, en particular sobre aquellas de hogares de bajos ingresos, ya que a menudo son las principales proveedoras de ingresos y cuidadoras.
Los impactos se sienten con mayor intensidad entre las trabajadoras de la salud, que representan alrededor del 70 % de la fuerza laboral sanitaria en Filipinas. Aunque constituyen la columna vertebral del sistema, su trabajo está crónicamente infravalorado. Las y los trabajadores de la salud soportan salarios bajos, inseguridad laboral y la contractualización (trabajo bajo contratos temporales, de duración determinada o no permanentes en lugar de empleo estable), atendiendo a menudo a cientos de pacientes en un solo día y en condiciones de trabajo inseguras.
Al mismo tiempo, las normas patriarcales imponen a las mujeres responsabilidades adicionales de cuidados no remunerados en el hogar, empujándolas a gestionar la doble carga del cuidado profesional y familiar. La desigualdad en el lugar de trabajo agrava esta realidad: las trabajadoras de la salud se enfrentan a salarios más bajos y a menos oportunidades de liderazgo, a pesar de su abrumadora presencia en el sector.
Esta infravaloración alimenta la crisis global de los cuidados, ya que muchas enfermeras y profesionales de la salud filipinas emigran en busca de empleos mejor remunerados en el extranjero. Su salida profundiza la crisis de personal en el país y debilita aún más unos servicios públicos ya frágiles. Al mismo tiempo, contribuyen a mejorar los sistemas de salud y la protección social en los países de destino al realizar un trabajo esencial, pero no pueden beneficiarse de ello, lo que las hace extremadamente vulnerables a la precariedad.
El impacto sobre la salud física y mental de las mujeres es severo. Las largas jornadas, las condiciones inseguras y el estrés erosionan su bienestar, mientras que las desigualdades sistémicas limitan sus perspectivas profesionales y su calidad de vida.
A pesar de estos desafíos, las y los trabajadores de la salud y las comunidades en Filipinas se han organizado para defender la salud pública. Un ejemplo emblemático es la campaña organizada en 2016 por la AHW (Alliance of Health Workers) para salvar el hospital Fabella, un hospital nacional terciario de referencia en salud materna y neonatal, amenazado de demolición para dar paso a un desarrollo comercial. Durante más de dos años, trabajadoras, trabajadores y pacientes se manifestaron frente al hospital, y su resistencia dio frutos: el plan para abolir el hospital Fabella fue derrotado.
Esta victoria ilustra una verdad fundamental: cuando la salud se trata como una mercancía, son las personas —especialmente las mujeres— quienes pierden. Se prioriza el lucro sobre las personas, profundizando la marginación de las y los trabajadores y perpetuando los ciclos de pobreza y mala salud.
Pero cuando las y los trabajadores y las comunidades se organizan, las voces de las mujeres pueden desafiar esta trayectoria y defender la salud como un bien público.
