29 de octubre, Día Internacional del Cuidado y el Apoyo
Los Estados deben garantizar sistemas públicos, universales y corresponsables de cuidado
Este 29 de octubre, declarado por las Naciones Unidas como el Día Internacional del Cuidado y el Apoyo, recordamos que la crisis global de los cuidados es también una crisis de derechos humanos y de sostenibilidad de la vida. Las organizaciones sociales y sindicales que convergen en la Red INSP!R América Latina y el Caribe reafirmamos que el cuidado y el apoyo son derechos humanos universales, esenciales para la sostenibilidad de la vida, la igualdad de género, el trabajo decente y la corresponsabilidad social y estatal.
El reciente Compromiso de Tlatelolco adoptado en el marco de la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, CEPAL 2025 y la Opinión Consultiva 31/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos marcan un punto de inflexión histórico. Ambos instrumentos consolidan un nuevo paradigma de derechos, al reconocer que toda persona tiene derecho a cuidar, a ser cuidada y al autocuidado, y que los Estados tienen la obligación de garantizar sistemas públicos, universales y corresponsables de cuidado y apoyo. Llamamos a los Estados a traducir estos compromisos en leyes marco nacionales y presupuestos específicos antes del año 2027.
El derecho al cuidado, reconocido por primera vez por la Corte Interamericana como un derecho humano autónomo, exige transformar las estructuras que sostienen la desigualdad: particularmente las que afectan de manera diferenciada a las mujeres, personas en situación de pobreza, migrantes, trabajadoras del hogar, personas mayores y con discapacidad y la precarización de la vida. Los Estados deben asegurar políticas integrales, presupuestos sostenibles, marcos normativos vinculantes y mecanismos de participación social, colocando el cuidado en el centro de la protección social, la salud, la educación y el trabajo decente.
El Compromiso de Tlatelolco establece además la Década de Acción por la Igualdad de Género y la Sociedad del Cuidado (2025–2035), llamando a los gobiernos a actuar con urgencia frente a las brechas de género, el agotamiento de quienes cuidan y la falta de reconocimiento del cuidado como un pilar del desarrollo sostenible. Este mandato político y jurídico converge con la OC-31 al exigir corresponsabilidad entre el Estado, el mercado, las comunidades y los hogares, así como la redistribución del tiempo, los recursos y el poder. La construcción de esta sociedad del cuidado requiere inversión pública progresiva, justicia fiscal y presupuestos con enfoque de género.
Ambos instrumentos deben traducirse en leyes y políticas nacionales que reconozcan al cuidado como un componente esencial de la protección social y de la economía del bienestar, orientando los presupuestos hacia la sostenibilidad de la vida. El reconocimiento jurídico no basta sin mecanismos de implementación, financiamiento y evaluación con enfoque de derechos humanos y de género. Solo con políticas públicas efectivas, dotadas de recursos y con participación social activa, será posible materializar este nuevo paradigma del cuidado como derecho humano universal.
Por otra parte, avanzar hacia el cumplimiento efectivo de las 5R del cuidado propuestas por la OIT (reconocer, reducir, redistribuir, recompensar y representar) constituye una tarea política y ética ineludible. Alcanzar estas metas requiere voluntad estatal, diálogo social y movilización de las organizaciones promoviendo la negociación colectiva en el sector de cuidados y el reconocimiento de derechos laborales plenos para transformar los modelos económicos y culturales que sostienen la desigualdad.
A menos de cinco años del cierre de la Agenda 2030, no es posible hablar de desarrollo sostenible ni de justicia social sin colocar el derecho al cuidado y las políticas públicas. Ello implica reconocer el valor económico y social del trabajo de cuidados, remunerado y no remunerado, garantizar derechos laborales, acceso a seguridad social y condiciones dignas para todas las personas trabajadoras del cuidado. Esto implica formalizar el empleo en el sector de cuidados, garantizar cobertura de seguridad social y asegurar que ninguna trabajadora quede excluida de los derechos laborales por su condición migratoria o informalidad. Asimismo, es urgente reconocer la contribución de las personas migrantes en el sector de cuidados, garantizando su regularización, acceso a la seguridad social y protección frente a la discriminación y la violencia laboral. El cuidado no puede estar condicionado por la nacionalidad ni por la situación migratoria: toda persona que cuida y es cuidada debe gozar de derechos plenos.
Por todo ello, hacemos un llamado a:
Sin cuidado no hay vida, sin vida no hay derechos y sin derechos no hay justicia social, por ello renovamos nuestro compromiso de trazar un horizonte común de incidencia, sensibilización y acción hacia una sociedad del cuidado justa, corresponsable y sostenible.
Desde la Red INSP!R reafirmamos nuestro compromiso de incidir ante los gobiernos, los parlamentos y los organismos internacionales para que el derecho al cuidado se consolide como un pilar de la justicia social en América Latina y el Caribe
“El cuidado es Protección Social: derecho y corresponsabilidad”
